Las recientes noticias sobre la incorporación de la comunidad campesina de Ollachea en el accionariado del proyecto Kuri Kullu de la empresa IRL, ha marcado un hito en la historia de las actividades mineras en el Perú. Esta nueva estrategia de 'inclusión social', como la califica Diego Benavides, presidente de IRL, nos lleva a replantearnos algunas situaciones en relación al rol que esta cumpliendo el Estado en esta alianza.
La historia moderna de la minera de Ollachea data desde los años treinta, pero es recién en el año 2000 que un grupo de 290 comuneros, que realizaban actividades mineras informales desde mediados de los años ochenta, presentan el pedido para que se les otorgue la concesión de 300 hectáreas ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). El petitorio fue aceptado pero con la advertencia de que en la zona se superponían los derechos prioritarios de la empresa Perú 3, quien la había solicitado en 1969.
En el 2003, Perú 3 pierde la petición por no pagar derecho de vigencia. El Estado, en vez de adjudicar la concesión a los mineros locales, al ser los segundos peticionarios, la otorga a la minera australiana Rio Tinto quien adquiere 998. 98 hectáreas.
Los permisos y pagos oficiales que hiciera la empresa para la adquisición de los derechos de explotación de la concesión no fueron suficientes para comenzar sus actividades en la zona. Y es que la empresa cometió un grave error: no consideró que la economía de buena parte de los pobladores de Ollachea se basaba en la explotación minera artesanal. Los infructuosos intentos de Río Tinto se vieron enfrentados con los argumentos históricos de los mineros artesanales de Ollachea y obligaron a la empresa a realizar un contrato de cambio de reposiciones con la minera IRL, en el 2007.
Por su parte, la empresa británica IRL S.A. (MIRL), que adquirió el 100% del proyecto, optó por otro camino a fin de obtener el apoyo de la población local para la realización de su proyecto. Tras un largo proceso de negociación, que duró 18 meses, el acuerdo concluyó con la participación de la comunidad en el 5% del accionariado una vez iniciada la etapa de explotación. En otras palabras, un contrato en el que los comuneros pasaron de ser campesinos a socios, con asiento en el directorio. Una iniciativa que comenzó con el apoyo de la empresa para la inscripción de la comunidad campesina en registros públicos. (Y, ¿cómo no formalizarlos? ya que si no, no habría opción de que los acuerdos a nivel comunal fueran válidos) (1).
Un paso agigantado frente a prácticas pasadas donde las comunidades solo recibían como compensación por sus tierras apoyos en infraestructura y la promesa de trabajo seguro. Es decir, las empresas asumían el rol del 'Estado ausente'. De acuerdo a Manuel Glave, a partir de las reformas estructurales de los años noventa, las empresas mineras pasaron a adquirir los derechos de las tierras superficiales a través de compensaciones formales de dinero. Aunque frente a la perdida de sus bienes, los pobladores consideraban que los pagos realizados eran insuficientes (2). Esto llevó a que las negociaciones por los derechos superficiales de la tierra se perfilaran en paquetes donde se incluían, además de las compensaciones monetarias, obras de infraestructura y oportunidades de trabajo.
Los puntos de inflexión Pero, en toda esta fantástica historia ¿qué pasó con los mineros artesanales? Los formalizaron y les extendieron contratos de explotación hasta que el proyecto Kuri Kullu culmine la fase de exploración (3). Y, una vez concluida esa fase, se incorporarán a la planilla de la empresa. Una solución aparentemente razonable.
Pese a que IRL apoyó a los mineros artesanales con capacitaciones y otorgándoles un presupuesto de 340 mil nuevos soles para la construcción de pozos de relaves, carreteras, entre otros; existen duras críticas de estos hacia la empresa. Según declararon a Noticias SER, con la suscripción del acuerdo la extensión de sus tierras disminuyó de 300 a 31 hectáreas.
Asimismo, señalan incumplimientos en relación a compromisos asumidos en el tema ambiental y del uso del territorio. "No queremos al proyecto Kuri Kullu ya que quiere hacer todo a su modo", manifestó un minero artesanal, "no quiere que trabajemos con maquinarias pesadas, pero ellos si pueden dinamitar, hacer polvadera, contaminarnos".
Pero, quizás, el tema de discordia más importante es sobre las posiciones encontradas respecto a quién o a qué entidad responsabilizar por la contaminación ambiental, en general, y del río en particular, dado que los mineros artesanales siguen usando mercurio para la explotación de oro y evacuando sus relaves directamente al río que pasa por la margen izquierda del pueblo. Los trabajadores del proyecto minero Kuri Kullu indican que los comprometidos son los mineros artesanales y los aludidos, lo contrario. La inacción del Estado, y de sus instituciones sectoriales, es evidente ya que no realizan las acciones de monitoreo y control de la contaminación que, a todas luces, viene en aumento.
Por último, las actividades de la empresa minera Kuri Kullu (y de otras empresas) han generado serios impactos socioeconómicos en la zona. Mientras muchas familias urbanas se han capitalizado enormemente, la gran mayoría de la zona rural continúa en pobreza extrema. "Aquí los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres", señaló el alcalde de Ollachea, Juan Huayta.
El desarrollo urbano plasmado en viviendas de tres pisos, hoteles – restaurantes, lugares de diversión y otros servicios conexos para atender a los foráneos, genera a su vez otros problemas: el incremento de los niveles delictivos a los que se unen la apertura de billares y bares conocidos como "Chirrines", donde existe la presencia de mujeres y menores de edad prostituidas.
A tres años de corroborar si la fórmula creativa de integración de la comunidad al proyecto minero Kuri Kullu funciona, existen ya algunos problemas socio-ambientales que no han sido enfrentados por las instancias estatales ni han aparecido en los medios de comunicación. Sí, es claro que la empresa ha configurado una nueva estrategia que, incluyendo a la población local en su accionariado, permite que el proyecto Kuri Kullu pueda seguir adelante. Pero, en este escenario aparentemente ideal, hay un factor que puede ser determinante para la emergencia del conflicto: la contaminación ambiental que se prolifera en la zona y que se presume es causada por los mineros artesanales.
El problema es que los mineros artesanales son parte de la comunidad campesina de Ollachea, hoy accionista del proyecto Kuri Kullu. Frente a esta situación, ¿cómo subsanará IRL esta ilegalidad ejecutada por quienes hoy son sus socios? Y, ¿el Estado?, ¿qué rol está jugando en este escenario?, ¿esperará como en Espinar una gran movilización, para actuar? La actividad industrial sostenible solo es posible configurando un trinomio 'comunidad-empresa-Estado' en donde cada uno asuma los roles de regulación y control que le corresponde.
Notas: 1) El presidente de IRL señaló a los medios locales haber invertido 300 mil nuevos soles buscando solo la unificación de la comunidad.
2) La falta de una metodología apropiada para evaluar económicamente las tierras contribuyó a la disconformidad con los precios.
3) El proyecto debería iniciar la fase de producción en el primer trimestre de 2015.
