Ninguna Empresa Paga Multas Ambientales Impuestas por OEFA

 

Preocupante. Es así como podría definirse el estado actual de las multas ambientales impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Las multas impuestas desde noviembre del 2010 a febrero de este año superarían los S/.50 millones.

Según el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, a la fecha casi la totalidad de las sanciones emitidas por esta entidad se encuentran sin cobrar.

"Ello debido a que en el Perú, una empresa multada tiene la posibilidad de agotar la vía administrativa y apelar luego al Poder Judicial y, mientras tanto, la multa no se puede cobrar", explicó.

Precisó que esta realidad es totalmente diferente a la que sucede en otros países, como Canadá, donde cualquier promotor de un proyecto de inversión tiene que depositar un fondo de garantía, el cual se ejecuta automáticamente cuando hay un problema o sanción.

"En los casos en que se demuestra que la empresa ha sido injustamente sancionada, el Estado le devuelve su dinero", dijo.

Solución en camino
Quijandría indicó que debido a que en el país existen muchas trabas para cobrar las multas ambientales, el Minam se encuentra trabajando en una propuesta multisectorial que apunta a mejorar el sistema de cobranza de dichas sanciones.

"Según nuestros cálculos, hacia finales de año ya tendremos listo un proyecto de ley que enviaremos al congreso para atender esta problemática", anotó.

El funcionario adelantó que la discusión sobre el tema es tan profunda que incluso llega a analizar el funcionamiento y alcance del procedimiento administrativo y judicial.

Últimas estadísticas
De acuerdo con el Informe País 2012, presentado por Perú en VI Foro Mundial del Agua, durante el año pasado la OEFA impuso sanciones por más de S/.42.5 millones al sector minero por incumplimientos de la legislación ambiental.

Según el portal de la OEFA, en el 2010 estas sanciones fueron por S/.3.6 millones; mientras que entre enero y febrero del 2012 por S/.7.2 millones.

Haciendo un cálculo grueso, las multas impuestas desde noviembre del 2010 a febrero de este año superarían los S/.50 millones.

Volviendo al informe, en el 2011 las regiones más sancionadas fueron Junín, Huancavelica, Áncash, Lima, Pasco, Ica y Arequipa. 

fuente: diario gestion

MILPO Y D.R.M. ANCASH ORGANIZAN TALLER INFORMATIVO sobre el EIAS de MAGISTRAL

El taller se realizara el dia martes 17 de abril del 2012 en la casa comunal 

de la comunidad campesina de conchucos.

es de conocimiento publico la resolucion del concejo de mineria 

recomienda que la presa de relave y el deposito de desmonte,

que se ubique fuera de la cuenca hidrografica de conchucos.

PACHACHACA PIDE LA RENUNCIA: HUGO LARA Y CRISTIAN AYALA DEL FRENTE DE DEFENSA PROVINCIA PALLASCA

parte del texto de luis castro lopez ( pachachaca )

Estimados amigos de la Comunidad Campesina de Conchucos y publico en general, es propicia la oportunidad para recomendar la inmediata renuncia del señor Hugo Lara y del señor Christian Ayala a seguir conformando parte de la dirigencia de la reciente creación del Frente de Defensa de la Provincia de Pallasca, dado que su presencia en tal organización compromete políticamente la independencia de nuestra Comunidad Campesina de Conchucos, próxima a administrar decenas de Millones de nuevos Soles que llegaran a sus arcas por todo el periodo de la vida útil de la explotación minera en Magistral. Ante la posibilidad de que no ejercieran su derecho a la renuncia a dicho frente por asuntos de conflicto de intereses, entonces la CCC deberá solicitar sus renuncias a sus cargos en la Comunidad Campesina y la Ronda Campesina respectivamente. Si a pesar de lo expuesto se siguieran aferrando al cargo, entonces se recomienda una sesión extraordinaria y proceder a expulsarlos o a llevar a cabo sus revocatorias por haber actuado a espaldas de la Comunidad sin su permiso ni autorización, colocando sus voluntades y comprometiendo la de sus instituciones al servicio de actores externos que políticamente an traicionado los intereses de la Provincia de Pallasca."

CONFLICTOS SOCIALES EN ANCASH

 

 
De los 22 conflictos sociales registrados en Áncash, 15 son de índole socioambiental. De ellos, 8 conflictos socioambientales son ocasionados por la actividad de la Compañía Minera Antamina.
Uno de estos problemas socioambientales ocurre en la provincia de Huari, donde la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEP) convocó una paralización contra las empresas mineras Antamina y Nyrstar, por incumplimiento de sus compromisos sociales y por la contaminación ambiental.
Contra la empresa Antamina también se registró un nuevo conflicto socioambiental en Áncash: pobladores del caserío de Chipta señalan que existe una controversia de titularidad de terrenos con dicha compañía.
Un informe elaborado por Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) indica que existe contaminación ambiental por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de pobladores.
En febrero de este año, pobladores de Chipta denunciaron que la empresa Antamina, en su afán por construir un poste de alta tensión en sus territorios, solicitó la ayuda de la dirección de operaciones especiales de la Policía Nacional (Dinoes), quienes ingresan a sus territorios y los agreden.
Otro conflicto socioambiental vinculado a Antamina ocurre en la provincia de Huarmey, donde la Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de San Pedro de Puerto Huarmey y pobladores de la zona denuncian el incumplimiento de las actas de compromiso por parte de la compañía minera.
Además, la población de la cuenca del río Ayash denuncia que el río se encuentra contaminado por el vertimiento de relaves por parte de Antamina.
Asimismo, pobladores de Racrachaca, provincia de Bolognesi, exigen a Antamina la suscripción de un convenio marco de relación institucional para recibir apoyo de la compañía, ya que se encuentran en el área de influencia de la mina.
La Defensoría reportó que pobladores de la comunidad campesina de Ango Raju y del centro poblado Carhuayoc, provincia de Huari, demandan compensación y apoyo al desarrollo social por parte de la compañía.
También los pobladores del caserío de San Antonio de Juprog en el distrito de San Marcos reclaman a Antamina el cumplimiento de acuerdos y que asuma la contaminación ambiental provocada en el poblado.
Otro de los conflictos tiene que ver con la minera Barrick Misquichilca, a quien la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca en el distrito de Jangas exige que los compense por el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades.
La comunidad de Pampas, provincia de Pallasca, señalan que las empresas mineras Dynacor Exploraciones y Málaga generan contaminación de los ríos la Plata y Huaura con arsénico, plomo y grasa.
Por otro lado, pobladores del distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, piden que la Empresa minera Greenex suspenda el proyecto minero de una planta flotadora de minerales, puesto que ya se está construyendo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán.
 

Los que deben resolver los problemas

Quien tiene mayor competencia para atender los conflictos sociales sigue siendo el Gobierno Nacional quien es el principal responsable para resolver 146 casos (63,8%); los Gobiernos Regionales lo son en la atención de 50 casos (21,8%); y los Gobiernos Locales son responsables lo son en 25 casos (10,9%).
Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 96 de la Defensoría del Pueblo

El reglamento fue aprobado tras una negociación ciega y sorda ( ley de la consulta previa )

El Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) elaboró un reporte breve (2 minutos) sobre el recién publicado Decreto Supremo 001-2012-MC Reglamento de la Ley de Consulta Previa. Describe cómo el proceso para obtener la norma perdió legitimidad cuando las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad se retiraron de la negociación. Señala que no existió diálogo intercultural en su proceso y que más bien hubo desigualdad en la composición de la comisión encargada de su elaboración.
"Pero ¿cuál fue el momento más difícil de la negociación? Cuando los funcionarios propusieron que la consulta debe realizarse luego de que el Estado otorgue la concesión. Es decir, realizar la consulta sobre si se emprenden o no las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales", refiere la nota que acompaña al video.
"Muy por el contrario, las organizaciones indígenas plantean que la consulta debe realizarse antes de otorgar cualquier concesión. Para el gobierno de Humala, la concesión no debe ser consultada. Así contradice lo que establece el mismo Convenio 169 de la OIT: que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas antes de autorizar cualquier de explotación".
El gobierno parece olvidar que casi todos los conflictos socioambientales que se viven en el país, tienen un punto de partida: el otorgamiento de una concesión minera. ¿Se debe cambiar y pulir el reglamento o la misma Ley de Consulta? El gobierno de Humala y también las organizaciones indígenas deberían demostrar que están dispuestos a realizar ?ahora sí? un verdadero diálogo intercultural.
Más información:


fuente: cepes.org.pe