CONFLICTOS SOCIALES EN ANCASH

 

 
De los 22 conflictos sociales registrados en Áncash, 15 son de índole socioambiental. De ellos, 8 conflictos socioambientales son ocasionados por la actividad de la Compañía Minera Antamina.
Uno de estos problemas socioambientales ocurre en la provincia de Huari, donde la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEP) convocó una paralización contra las empresas mineras Antamina y Nyrstar, por incumplimiento de sus compromisos sociales y por la contaminación ambiental.
Contra la empresa Antamina también se registró un nuevo conflicto socioambiental en Áncash: pobladores del caserío de Chipta señalan que existe una controversia de titularidad de terrenos con dicha compañía.
Un informe elaborado por Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) indica que existe contaminación ambiental por plomo, conforme a la muestra obtenida de un grupo de pobladores.
En febrero de este año, pobladores de Chipta denunciaron que la empresa Antamina, en su afán por construir un poste de alta tensión en sus territorios, solicitó la ayuda de la dirección de operaciones especiales de la Policía Nacional (Dinoes), quienes ingresan a sus territorios y los agreden.
Otro conflicto socioambiental vinculado a Antamina ocurre en la provincia de Huarmey, donde la Asociación de Pescadores, Armadores Artesanales de San Pedro de Puerto Huarmey y pobladores de la zona denuncian el incumplimiento de las actas de compromiso por parte de la compañía minera.
Además, la población de la cuenca del río Ayash denuncia que el río se encuentra contaminado por el vertimiento de relaves por parte de Antamina.
Asimismo, pobladores de Racrachaca, provincia de Bolognesi, exigen a Antamina la suscripción de un convenio marco de relación institucional para recibir apoyo de la compañía, ya que se encuentran en el área de influencia de la mina.
La Defensoría reportó que pobladores de la comunidad campesina de Ango Raju y del centro poblado Carhuayoc, provincia de Huari, demandan compensación y apoyo al desarrollo social por parte de la compañía.
También los pobladores del caserío de San Antonio de Juprog en el distrito de San Marcos reclaman a Antamina el cumplimiento de acuerdos y que asuma la contaminación ambiental provocada en el poblado.
Otro de los conflictos tiene que ver con la minera Barrick Misquichilca, a quien la comunidad campesina Andrés Avelino Cáceres de Cuncashca en el distrito de Jangas exige que los compense por el cierre del camino tradicional que conducía a sus localidades.
La comunidad de Pampas, provincia de Pallasca, señalan que las empresas mineras Dynacor Exploraciones y Málaga generan contaminación de los ríos la Plata y Huaura con arsénico, plomo y grasa.
Por otro lado, pobladores del distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, piden que la Empresa minera Greenex suspenda el proyecto minero de una planta flotadora de minerales, puesto que ya se está construyendo en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán.
 

Los que deben resolver los problemas

Quien tiene mayor competencia para atender los conflictos sociales sigue siendo el Gobierno Nacional quien es el principal responsable para resolver 146 casos (63,8%); los Gobiernos Regionales lo son en la atención de 50 casos (21,8%); y los Gobiernos Locales son responsables lo son en 25 casos (10,9%).
Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 96 de la Defensoría del Pueblo