En Sayapullo se respira a óxido, a muerte. Ya en el camino se observa la agonía de la tierra cuando los cerros verdes se comienzan a tornar ocres y de ellos caen riachuelos marrones cargados de químicos, producto de la minería informal.
Muy cerca, en medio de la naturaleza aún viva, aparecen enormes montículos grises de desechos tóxicos que dan la bienvenida, recuerdo de lo que un día fue una productiva concesión minera. Y a pocos metros de todo ese paisaje adulterado por la fiebre del oro irrumpe Sayapullo, una localidad minera que vive expuesta a la contaminación.
La problemática en este distrito de la provincia de Gran Chimú, en la región La Libertad, se acrecentó en los últimos dos años debido al cese de operaciones de la Corporación Minera San Manuel, subsidiaria del grupo Atacocha. En el 2008 Atacocha fue adquirida por la Compañía Minera Milpo S.A.A., consorcio que dio prioridad a proyectos más rentables de este grupo, como los ubicados en Cerro de Pasco. Así, dejó en suspenso sus actividades en Sayapullo, lo que produjo la proliferación de la informalidad: de 800 mineros artesanales se pasó a 3.000.
La falta de autoridades que controlen a los informales y la presencia de toneladas de residuos tóxicos abandonados afectan las tierras y el agua que utilizan para subsistir más de 10 mil pobladores de los 28 caseríos con los que cuentaSayapullo.
DAÑOS AMBIENTALES
Ante esto se creó el Comité de Remediación Ambiental y Reinicio de Actividades Mineras de Sayapullo-Gran Chimú, formado por pobladores y autoridades de la zona. Esta organización denunció a Milpo y a los funcionarios de esta empresa que resulten responsables ante la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Especializada en Materia Ambiental de Trujillo. Lo que buscan es que asuman sus pasivos ambientales y las consecuencias que se habrían causado en la comunidad.
Carla Rodríguez, asesora legal del comité, precisó que se interpuso la querella contra Milpo S.A.A., por tener ellos el control sobre el grupo económico, tal como lo consigna la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), y contra sus directivos.
Sin embargo, el origen del problema se presentó hace cuatro años. Rodríguez refiere que cuando en el 2006 la minera Sayapullo vendió al Consorcio Minero San Manuel la concesión, en el contrato se estipulaba que ellos debían hacerse cargo de los trabajos de remediación y manejo ambiental de las canchas de relaves y las bocaminas. "Al comprar Atacocha a San Manuel y, posteriormente, Milpo a Atacocha, la responsabilidad persiste", señala.
fuente: noticias norte - diario el comercio
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