La Defensoría del Pueblo recomendó al ministerio del Ambiente derogar el decreto supremo 010-2011 que permite a las mineras operar sin cumplir los límites máximos permisibles de contaminación de recursos hídricos hasta setiembre de 2015.
El organismo supervisor recordó que la norma anterior (DS 010-2010) ya otorgaba un plazo hasta el 21 de octubre de 2013, tiempo suficiente para que se haga cumplir un instrumento de gestión ambiental de prevención de la contaminación producida por la actividad extractiva.El defensor del pueblo encargado, Eduardo Vega, sostuvo que la prórroga de los LMP debería contar con una justificación técnica adecuada que, al parecer, no es el caso.
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