Ha sido un parto largo. Larguísimo. Las contracciones empezaron a manifestarse el 19 de mayo de 2010. El congreso de ese entonces había aprobado la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas según lo prescribía el Convenio 169 de la OIT y luego de varios debates en el pleno del Congreso. Ese proyecto fue el resultado de una reacción a los sucesos y muertes de policías y nativos en Bagua un año antes desde el propio Estado y para evitar que vuelvan a repetirse. Ese proyecto —una de las mejores iniciativas de un legislativo que siempre fue visto con displicencia— contaba con el consenso de decenas de instituciones, sobre todo, de aquellas integradas por indígenas como CONACAMI, AIESEP, CCP, CNA y ONAMIAP entre otras. Ese proyecto fue observado por el ex presidente Alan García y por su primer ministro Velásquez Quesquén en su espíritu inicial: en su núcleo duro. Ambos funcionarios del Estado en una carta dirigida a Alva Castro, presidente del Congreso a la sazón, sostenían en el primer punto de su observación que la "consulta" no podía significar un desmedro del derecho del IUS IMPERIUM del Estado Peruano, en buen castellano y lejos de los latinajos, que la consulta no podría darse en desmedro de la soberanía del Perú. Esta observación pretendía que el "alma" de la norma que es, precisamente, evitar la homogenización y reconocer la pluriculturalidad de nuestro país, se dejara a un lado planteando, nuevamente, la imposición de una manera de entender al mundo, al desarrollo, al Estado y al Perú mismo: el que plantea el gobierno. La carta también sostenía, erróneamente, que esta Ley de Consulta implicaba un derecho a veto solapado. Entonces se entrampó, se quedó ahí en el congreso, como una lápida helada sobre los muertos de Bagua y de los otros conflictos sociales de la segunda era de García Pérez.
Por eso mismo, la aprobación por unanimidad de la Ley de Consulta el martes pasado en ese nuevo congreso, ha significado un gran paso para abrir nuevamente un diálogo inter-cultural con los pueblos originarios, comunidades nativas e indígenas de todo el país en relación con su tierra, su espacio vital y las acciones que pueden afectar su ecosistema. Para algunos de los dirigentes a los que he preguntado, la Ley de Consulta es un primer paso, y no necesariamente los satisface a plenitud. Para algunos abogados especializados todavía hay muchos elementos que limar. Para otros, con temores fundamentados en el pasado sobre un nuevo entrampamiento en el Poder Ejecutivo, se trata de un inicio a un debate que debe ser cada vez más permeado a toda la sociedad. Considero que esta ley —aunque personalmente dudo de las leyes— nos permite pensarnos como un Estado plurinacional que se "imagina a sí mismo" —para estar a tono con el teórico Benedict Anderson que anda por esos lares— como una comunidad compleja, con ciertos lazos del pasado terribles, dogmáticos y excesivamente excluyentes, pero con una perspectiva de futuro que se vislumbra más equitativa con los subalternos y los ninguneados de la patria.
Sin embargo, esta Ley de Consulta es solo una metodología para permitir que aquellos "excluidos del banquete" como diría el vate Vallejo, puedan ahora sentarse alrededor de la mesa "cada vez más cerca" a esa posibilidad de encontrarnos "desayunados todos". No es la panacea. No es siquiera un pedazo del desayuno. Es una estrategia que debe usarse, desde ambos lados de la orilla, pero que sería mucho más eficiente si pudiéramos tener otra idea de lo que implica para nosotros la riqueza del Perú: si el desarrollo consiste en exportar piedras o si consiste en guarecer nuestra biodiversidad para un futuro de esta humanidad hambrienta, que tendrá oro y piedras preciosas, pero quizás ni una sola gota de agua.
Fuente: diario la republica
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